La UGR denuncia agravio comparativo en el ajuste económico que plantea la Junta

Los diez rectores de las universidades andaluzas se levantaron el jueves de la reunión telemática con el consejero de Economía y Universidad, Rogelio Velasco, sin acuerdo sobre el ajuste de los 135 millones de euros destinado al fondo de emergencia social y sanitaria contra la Covid-19, que se ha cifrado en 700 millones de euros por el Consejo de Gobierno de la Junta.

Según se supo el jueves, el desacuerdo fue la nota predominante en la reunión tanto sobre el reparto de este ajuste en el presupuesto de cada una de las universidades, como el de las partidas para compensar propuestas por Economía, entre ellas el uso de otros 135 millones del remanente presupuestario. La ingeniería financiera que propone la Junta no convence a las universidades.

La Universidad granadina ha explicado este viernes a este periódico, en primer lugar, que desde la consciencia sobre la gravedad de la situación actual y desde un sincero sentido de solidaridad, está «muy preocupada con las decisiones presupuestarias que se están anunciando». Pone más número encima de la mesa a los ya indicados en días atrás.

Entienden en la UGR que existe una «desproporción» entre el esfuerzo económico que supone para el sistema universitario andaluz al Fondo de Emergencia Social y Económica (al que aportaría un 19,3% del montante total) y su participación en el presupuesto total de la Junta de Andalucía (en torno a 3,8%).

«Esta desproporción redunda en una merma importante en los recursos disponibles para el sistema universitario andaluz que compromete seriamente su sostenibilidad, en un momento en el que se hace patente la importancia de la apuesta por el conocimiento y la investigación», valoran desde la Oficina de Gestión de la Comunicación de la institución universitaria granadina.

Por otra parte, mantienen que la propuesta de reparto de la reducción presupuestaria y de los fondos para inversión en infraestructuras entre las diez universidades andaluzas que se propuso desde la Administración, perjudica «especialmente» a la Universidad granadina. «Nuevamente, se produce una desproporción entre los remanentes con los que cuenta la UGR (un 8,5% del total de remanentes existentes en el sistema universitario andaluza, con los que las universidades deben cubrir la reducción presupuestaria y el fondo de inversión), y la aportación particular de remanentes que ésta debe hacer (un 17,7%)», calculan en la institución universitaria.

Más aún, en el reparto propuesto, la UGR solo recibiría 2,5 millones de los 125 destinados a inversiones en el conjunto de las universidades andaluzas, algo que resulta «obviamente desproporcionado», insisten.

No es eso todo. Inciden, como ya se hiciera la semana pasada, en el gran peso que la Universidad de Granada tiene en el tejido social y económico de la provincia, lo que «redundaría en un gran impacto indirecto de cualquier medida que suponga una merma sustancial en la disponibilidad presupuestaria de esta institución».

Ante esta situación la Universidad granadina, su equipo de gobierno, expresa que «dado que aún no existe una decisión definitiva, confiamos en que esta propuesta –ajuste/recorte en el presupuesto– sea reconsiderada». y aseguran estar totalmente abiertos al diálogo.